07/08/2018 LA PROVINCIA
LEY “ANTIPIQUETES”

CTA Chaco: “Se intenta retroceder en materia de garantías democráticas”

El gremio se pronunció en repudio al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados. “Vemos con gran preocupación que este proyecto surge en un contexto de ajuste y represión en el territorio nacional”, expresaron en un documento. También apuntaron hacia los empresario de la Cámara de Comercio, quienes apoyaron la propuesta.

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La CTA de lxs Trabajadorxs Chaco lanzó un comunicado repudiando el proyecto de ley “antipiquetes” provincial. La carta iba dirigida a los y las legisladoras de la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco para manifestar su rotundo “rechazo al tratamiento del proyecto de ley que pretende regular el accionar de las fuerzas de seguridad para el abordaje de la manifestación del conflicto social”, indicaron.

“Entendemos que nuevamente se intenta retroceder en materia de garantías democráticas, alejándose de las pautas ya establecidas en la ley. A su vez, vemos con gran preocupación que este proyecto surge en un contexto de ajuste y represión en todo el territorio nacional”, señalaron en el documento con la firma de la secretaria general, Mora Pared y el secretario adjunto, Raúl Galván.

“La enorme cantidad de pérdida de fuentes de trabajo, el congelamiento de salarios con pérdida de poder adquisitivo, el terrible endeudamiento, la ausencia de convocatoria local a la discusión paritaria, al aumento de las tarifas y productos esenciales para la vida de la familia trabajadora, demanda de respuestas en atención a estos flagelos”, expresaron. Concluyeron que la respuesta no puede darse “disciplinando la protesta social, menos aún, en función de un sector que erróneamente considera que la perdida de ventas se debe a la movilización popular y no al empobrecimiento económico de los sectores populares”. Un párrafo claramente dirigido a la comunidad empresarial local que dio a conocer su apoyo a este proyecto.

La carta finaliza con un llamado a la Cámara: “Apelamos a la responsabilidad de legislar para las demandas de trabajo, regularización laboral en el Estado y la defensa irrestricta de las conquistas políticas, económicas, educativas y sociales de los últimos 36 años de democracia”.

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