30/04/2018 DERECHOS HUMANOS

Críticas al sobreseimiento de un imputado de abuso en la infancia

Es a propósito del sobreseimiento resuelto por la jueza Beatriz Zozzoli en la causa “De Francischi, Pedro Héctor Martin s/ abuso sexual con acceso carnal reiterado”, por considerar prescripta la acción penal. La Cámara de Diputados y la organización Al fin Justicia comunicaron su preocupación ante lo que consideran la “consagración de la impunidad de un delito aberrante, como lo es el abuso sexual contra niñas y niños”.

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El 13, el Juzgado de garantías N° 3, a cargo de la jueza Beatriz Zozzoli resolvió el sobreseimiento de Pedro Francischi en un caso en el cual se lo imputaba por abuso sexual en la infancia a una menor.

Como suele ser una “marca de fábrica” en este tipo de casos, la razón no fue el haberse considerado al sindicado inocente, sino “por la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa”, según señaló la jueza en una resolución a la que tuvo acceso este matutino.

En ese documento, se señala que a Francischi se le intimó el siguiente hecho: "Que en fecha no determinada pero desde que S. A. C., de seis años de edad y hasta sus nueve años aproximadamente (años 2000 a 2003), en el interior del domicilio sito en el Barrio San Cayetano el sujeto abusó de la menor con acceso carnal, aprovechando de la situación de convivencia que mantenía con la misma y en momentos en que la menor quedaba a su cuidado”.

Conocido el fallo, desde la asociación Al Fin Justicia, que nuclea a sobrevivientes de este tipo de delitos, manifestaron “su profundo rechazo y consternación ante lo que consideran la consagración de la impunidad de un delito aberrante, como lo es el abuso sexual contra niñas y niños”. En ese sentido, manifestaron que “el Poder judicial chaqueño tiene que una vez por todas modificar la concepción patriarcal y adultocéntrica presente en ese poder  al  abordar estos delitos; comenzar a escuchar a las víctimas y no silenciarlas”, es decir, respetar sus tiempos”.

RECHAZO DE DIPUTADOS

Ese rechazo no fue el único, la Cámara de Diputados de la Provincia emitió una resolución en la que también comunicaron su “profunda preocupación ante el fallo emitido por Rosalía Beatriz Zozzoli, Jueza de primera instancia del Juzgado de Garantías Nº 3 de la ciudad de Resistencia”, en el marco de la citada causa.

Por ello resaltaron que “la Ley citada en el punto 1º de la presente, sancionada en el año 2015, modificó el Código Penal con el objeto de ampliar los plazos de prescripción en los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata mientras la víctima sea menor de edad, planteando un nuevo paradigma para el abordaje de los mismos por parte de la justicia, posibilitando la investigación sin que el transcurso del tiempo, entre la comisión del hecho penalmente reprochable y la realización de la denuncia, sea un obstáculo para ello”.

Luego de subrayar la aplicabilidad de la ley de Respeto a los Tiempos de la Victima, informaron que se remitió una copia de esa resolución al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y a la Procuración General.

AL FIN JUSTICIA

Continuando con el planteo de Al Fin Justicia, desde la organización civil remarcaron la necesidad de “Realizar un abordaje integral, recordar que esa mujer adulta que después de un gran dolor pudo poner en palabras lo padecido en su infancia, dependía de un mundo de adultos que fallo en su función protectora, y ahora nuevamente ese sistema de protección vuelve a fallar; cierra las puertas al acceso a la justicia, a la posibilidad de reparar algo por lo nunca tendría que haber pasado”.

“El Estado, a través de uno de sus poderes, no asume la responsabilidad de garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas; pareciera que las obligaciones contraídas por ese poder, tras la vergüenza del caso L.N.P. han quedado en el olvido. “Finalmente, señalaron la satisfacción ante la aprobación del proyecto de resolución  706 “es muy importante que desde el Poder Legislativo haya pronunciamientos en relación a que no se garantice la impunidad de estos delitos, debe haber mensajes claros en torno  al sistema de derechos que asisten a las víctimas”.

 

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