04/05/2018 DERECHOS HUMANOS
RECLAMAN REFORZAR LA SALUD PÚBLICA

Críticas a la instalación del centro privado Darse Cuenta

La asociación civil Mejor Ando en Comunidad, Pensamiento Penal Chaco, el Colegio de Psicólogos y la Red Entrelíneas plantean su preocupación ante la apertura del centro privado. “Va en contraste con el continuo y progresivo desmantelamiento y desfinanciamiento de los servicios de salud mental públicos”, según plantearon.

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Luego que tomara estado público la instalación en la provincia de Darse Cuenta, una comunidad terapéutica de La Plata -Buenos Aires- que se ocupa de la readaptación y la resocialización de personas con problemas de consumo, organizaciones locales manifestaron su preocupación al respecto. Sucede que consideran que se trata de la radicación de un centro privado avalado por el Estado, en contraste “con el continuo y progresivo desmantelamiento y desfinanciamiento de los servicios de salud mental públicos de la provincia, sumado la precarización del recurso humano y la desfuncionalización de la Dirección de Salud Mental prevista en el decreto N° 1967/17, que no ha sido modificado”. Por ello, difundieron su repudio “a la privatización de la salud mental” y exigen en contraposición, una “Salud Pública gratuita e igualitaria”.

Así lo señalaron mediante un comunicado la asociación civil de usuarios y familiares de salud mental Mejor Ando en Comunidad, la ONG Pensamiento Penal Chaco, la Red Entrelíneas y el Colegio de Psicólogos.

La reunión a la que aluden ocurrió el martes y fue encabezada por el gobernador, Domingo Peppo, junto con el ministro de Salud de la Provincia, Luis Zapico, y el director institucional de Darse Cuenta, Horacio Salomón. Explicó el director que la institución a su mando tiene tres casas en La Plata y atiende a personas con problemas de consumo de drogas y alcohol; “entre 70 y 80 muchachos de Chaco concurren al espacio”, comentó. En ese sentido es que evalúan el desembarco institucional en Chaco, ya que “existe un proceso o etapa del tratamiento en que los pacientes requieren reinserción social y a veces, en la distancia, se dificulta finalizar el tratamiento”.

NO PRIVATIZAR EL

DERECHO A LA SALUD

Por su parte, las organizaciones locales subrayaron que el Estado debe garantizar a las personas con problemas de adicciones, “una atención integral sanitaria y social, humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo que preserven y aseguren la recuperación de la salud”. Además, critican que la citada institución presenta tratamientos costosos, “de un piso por cercano a los 20.000 pesos mensuales”, poniendo de manifiesto así el grado de “exclusión de los sectores más vulnerados y que carecen de recursos económicos”. Todo ello redunda en un “empobrecimiento paulatino del sistema de salud mental y la ruptura de la red sanitaria”, alertaron.

A raíz de ello, reclaman al Ejecutivo “el aumento del presupuesto en el tema, el fortalecimiento de la atención primaria” y dispositivos intermedios y comunitarios. Para ello, proponen la organización de una mesa de trabajo interdisciplinaria, con participación de organizaciones civiles y familiares y usuarios, para el diseño de estrategias “que adecuen a las necesidades y condiciones de vida” del sector.

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