24/03/2018 DERECHOS HUMANOS

CAUSA CABALLERO II: Se presentó el primer tramo del alegato fiscal

Los fiscales Carlos Amad y Diego Vigay presentaron la descripción de los hechos y testimonios de las víctimas que fundamentan las imputaciones en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada. La acusación continuará el 5 de abril con el pedido de pena para cada uno de los genocidas.

img La acusación de los fiscales federales fue acompañada con actividades culturales organizadas por el colectivo de DDHH y agrupaciones afines / JORGE FLORES EL DIARIO

Este viernes en la víspera del 42° aniversario del último golpe de Estado, tuvo lugar en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia el inicio del alegato fiscal en el juicio oral denominando Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco durante la dictadura cívico militar.

La audiencia comenzó cerca de las diez de la mañana, con el desarrollo por parte del fiscal federal Carlos Amad de los fundamentos de la acusación, y continuó con la enumeración de pruebas y testimoniales sobre los hechos de violencia sexual y desapariciones forzadas que se juzgan, realizada por el fiscal Diego Vigay.

Ambos fiscales consideraron plenamente acreditados los hechos y la existencia de un Centro Clandestino de Detención en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física.

La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de abril, oportunidad en la cual, concluido el tramo de exposición de Vigay, el fiscal Patricio Sabadini presentará el detalle de las responsabilidades que se le endilgan a cada uno de los acusados y el consiguiente pedido de pena. 

Cabe recordar que en su alegato, realizado el 22 de febrero, las respectivas querellas de la Secretaría de DD. HH. de la provincia en conjunto con la de Nación presentaron un pedido de prisión perpetua para ocho de los represores; Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli, todos ellos con un promedio de entre seis y ocho hechos imputados. Además, se solicitó la pena de 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho).

Este juicio continúa el proceso realizado en 2010 (Caballero I) y se caracteriza por tres cuestiones; es el primer juicio en la temática en el cual se investiga desaparición forzada en la ex Brigada, se imputa por privación ilegítima de la libertad y en el que se considera a la violencia sexual como delito autónomo.

El delito de privación ilegítima de la libertad, que el primer juicio no trató, comprende delitos que no se incluyeron en el primer juicio como la falta de una orden de detención, ausencia de abogados defensores y falta de información a las familias de las personas detenidas.

Durante la realización de la audiencia organismos de DD. HH. que integran la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones sociales y políticas se congregaron en las inmediaciones a la sede del TOF para acompañar la presentación de la acusación de los fiscales federales. Se realizó una ronda de lectura, la presentación de un número artístico de danza y la intervención en las inmediaciones del monumento a San Martín en la plaza central con imágenes de los pañuelos de Madres de la Plaza de Mayo.

“PLAN SISTEMÁTICO”

En su exposición, Amad describió la serie de testimonios, hechos y pruebas documentales sobre las fundamenta la acusación a los 12 exrepresores imputados por secuestros, torturas, violación y desapariciones forzadas a militantes políticos que pasaron por fondos y sótanos de la casona de Marcelo T. de Alvear 32.

“Después de meses de juicio, escuchamos testimonios descarnados de decenas de víctimas en ese suceso penoso para la historia de esta provincia y está debidamente comprobada la ejecución de un plan sistemático criminal que tuvo lugar en la Brigada de Investigaciones”, afirmó.

Amad mencionó como antecedentes el juicio Caballero I, pero también la causa por la Masacre de Margarita Belén, el proceso RI9 en Corrientes, la causa Panetta, y otras, todas con un mismo “modus operandi” de detenciones y cautiverio clandestino en “condiciones de extrema violencia y degradación en las cuales el desconocimiento de los derechos más elementales era la norma”. Por ello, planteó que la Brigada de Investigaciones fue “una foto de lo que pasó en el país en esos años”.

Además, señaló que los testigos fueron muy claros en el reconocimiento de los imputados, y el relato de los crímenes. Destacó el papel que juega el Informe Final de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados de Chaco, y rechazó cualquier tipo de subterfugio defensor basado en supuestas contradicciones o en la falta de un dato específico: “La valoración de la prueba no es antojadiza, se trata de personas que hace 40 años vienen denunciando, dónde los detuvieron, quienes, cómo los torturaron y a quienes vieron siendo torturados”.

Como ejemplo, mencionó: “Se le marca la culpa a las víctimas cuando por pruritos jurídicos se le exigen pruebas para creerles cuando denuncian una violación. Respecto de la responsabilidad de que se les imputa a los acusados, sostuvo que se trató de un “colectivo criminal” en el cual cada integrante cumplió tareas específicas pero como parte necesaria para el desarrollo general de los hechos. “Había una división de tareas, inteligencia para decidir a quién secuestrar, grupos de choque que ejecutaban las detenciones, los interrogatorios bajo tortura, la guarda de detenidos, etcétera, pero cada uno cumplía una función con pleno dominio de la acción”.

 

DESAPARICIONES FORZADAS

Vigay continúo el alegato con el análisis de hechos y pruebas en relación con la violencia sexual y los casos de desapariciones forzadas de Pedro Morel y Sara Fulbia Ayala entre mayo y junio de 1977 en la Brigada.

Detalló los testimonios de varios de los testigos en el juicio que aportaron datos para reconstruir el destino final del matrimonio, en el marco de una decisión de eliminar y desaparecer a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con un cambio de criterio en el procedimiento utilizado en  la Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976.

Describió la realización de una suerte de “cónclave” en la Brigada a mediados de 1977, con la presencia de Manader, Patetta, Bettolli, Rodríguez Valiente y otros imputados. “En esa reunión se les comunicó a Morel y Ayala que “ya habían perdido importancia para el Ejército Argentino” a modo de anuncio del desenlace fatal para ambos”. “Los imputados habían llegado a la conclusión de que ya no podían obtener más información de los Morel y pasaban a ser “descartables” precisó Vigay. Luego, el matrimonio fue ubicado en una celda, juntos durante tres días a modo de despedida antes de su ejecución y desaparición forzada.

 

EDICIÓN IMPRESA