En diálogo con La Radio el procurador General de la provincia, Jorge Canteros, se refirió a la causa Lavado I que tiene como imputados el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey; el exsubsecretario de Medios, Paulo Buticce; el ex titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández y afirmó que “hay elementos suficientes para elevar a juicio la causa”.
“La causa tiene 35 cuerpos de pruebas, el equipo de fiscales especiales dieron fundamentos de esas pruebas y por ser una causa de peso, no pasará de 45 a 60 días como máximo”, señaló.
El procurador hizo hincapié en la conferencia de prensa brindada por los fiscales Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba donde confirmaron que tienen más de 200 casos comprobados de malversación de causales públicos con un monto que supera los 60 millones de pesos. “Hay empresas que se armaron en noviembre de 2015 y los primero pagos de FAPPO fueron realizados en febrero del 2016, cuando apenas asumió el Gobierno de Domingo Peppo”, sostuvo.
“Una vez que la causa sea elevada a juicio, la fecha de audiencias dependerá de los jueces de las Cámara en la que pare la causa y de los calendarios de audiencia de cada magistrado. También dependerá de los recursos que presenten los abogados defensores, pero sin no hay mucha interferencia el juicio obra se podrá elevar para agosto o septiembre”, concluyó.
$ 60 MILLONES LOS FONDOS PÚBLICOS APROPIADOS DE LA PAUTA OFICIAL
Los fiscales que integran el equipo fiscal especial, designados por el procurador general, Jorge Canteros, brindaron una conferencia de prensa en la que relataron las novedades en torno a la causa que involucra a exfuncionarios provinciales (Horacio Rey, Marcelo Lugo, Susana e Ismael Fernández).
La fiscal Griffith Barreto consideró que “el avance ha sido significativo”, al recordar que la causa comenzó en marzo y “a esta altura tenemos prisión preventiva de todos los imputados, respecto de Horacio Rey, Paulo Buttice y César Zibecchi, resta las audiencias de oposición para los demás”.
Asimismo, precisó que recolectaron “todas las pruebas necesarias, en cuanto a que estos hechos existieron”; y reveló: “hasta la última declaración de los imputados son 200 contratos hechos de publicidad que no se hicieron, a empresas y fundaciones que no existían o no funcionaban”. Se estima una suma cercana a los 60 millones de pesos pertenecientes al Estado.
Por su parte, el fiscal Otero, enfatizó: “El dictado de la prisión preventiva en este hecho particular es decirle al juez, a la sociedad, que como fiscales necesitamos que estas personas sigan detenidas (obviamente son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario), para que se pueda realizar el juicio”.
En ese sentido afirmó: “Estas personas, más allá del quantum de la pena, en caso de ser condenados, tienen todos los medios para darse a la fuga: la plata, los contactos. Todo a su disposición para que el juicio no se haga”. Y recordó: “En nuestro código, cuando un imputado se da a la fuga, no existe el juicio en rebeldía”.
“Queremos que estén detenidos, para que el juicio se pueda realizar”, cerró.
