18/02/2018 EL MUNDO

Brasil: el trasfondo de la intervención militar en Río

El presidente de facto brasileño, Michel Temer, dijo que el objetivo es actuar contra la violencia urbana y las mafias, pero en realidad persigue mejorar su alicaída imagen en las clases conservadoras, y asimismo obturar el debate de su proyecto de reforma laboral en el Congreso, donde todo indica que la iniciativa no prosperará.

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Las Fuerzas Armadas brasileñas se harán cargo de la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, a raíz de un decreto firmado ayer por el presidente, Michel Temer. La intervención tiene como objetivo actuar contra la violencia urbana, a la que el mandatario calificó como una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población. “El crimen organizado estuvo a punto de hacerse cargo de Río”, advirtió Temer en la ceremonia de firma del decreto, en el Palacio del Planalto.

La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya su mandato, supone que las Fuerzas Armadas asuman el control operacional de todos los órganos de seguridad pública del Estado. Esto quiere decir que comandarán los distintos cuerpos policiales –Policía Civil, Militar y Cuerpo de Bomberos–, el sistema carcelario y los servicios de inteligencia.

Sin embargo, además de las críticas que generó la medida, a todas luces inconducente según la opinión de los especialistas en seguridad, todo indica que el objetivo final de Temer, con una imagen social por el piso, es por un lado ganarse el apoyo de las clases medias y altas conservadoras y por otro franquear la discusión legislativa de su proyecto de reforma lesivo de la seguridad social y de derechos laborales, a pedido del capital concentrado carioca. Sucede que mientras haya una intervención federal donde sea en el país, ninguna enmienda constitucional podrá ser aprobada en el Congreso.

El decreto necesita ser aprobado en diez días por el Congreso, donde se espera que no contará con mayores dificultades porque el gobierno cuenta con mayoría. Una vez superado este paso, entrará en vigor la administración de seguridad del jefe del comando Este del Ejército, el general Walter Souza Braga Netto, el mismo que actuó en la operación contra el delito en los Juegos Olímpicos Río 2016.

 “Recibí la misión ahora y estamos en una fase de planeamiento. Por el momento, no les puedo contar más nada”, afirmó Netto, sin despejar dudas sobre cómo se implementará.

La Constitución de Brasil en 1988 prevé que la figura se use como instrumento extremo para resolver situaciones límite, pero ésta es la primera intervención de este tipo desde el fin de la dictadura militar en 1985. Las fuerzas armadas fueron llamadas desde el fin del régimen a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.

 

VIOLÊNCIA NÃO TEM FIM

La decisión del mandatario ocurre en medio de una escalada de la violencia en Río de Janeiro, la ciudad donde viven más de seis millones de habitantes, principalmente durante el carnaval. En varios ‘blocos’ (comparsas callejeras ambulantes) se registraron robos, golpes y “arrastões” (asaltos colectivos, en los que varias personas roban todo lo que puedan y luego huyen corriendo).

El mismo gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, del mismo partido de Temer, el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), reconoció que hubo fallas de seguridad en el último carnaval. Además de los problemas durante las festividades, la criminalidad asociada al narcotráfico y las bandas criminales, y los enfrentamientos que éstas tienen entre ellas y con la Policía Militar del Estado están en constante alza desde 2016, así como los tiroteos en todos los barrios cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente. En 2017, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), el estado de Río, hubo más de 18 homicidios intencionales por día y 40 muertes violentas cada 100.000 habitantes, el número más alto desde 2009. Además, fueron registrados 230.450 robos.

 

LAS CRÍTICAS

Prácticamente en unísono, los más prestigiados y respetados estudiosos del tema de la seguridad pública en Río se manifestaron de manera contundente contra la iniciativa de Temer.

 El español Ignacio Cano, que desde hace décadas estudia el tema, fue sucinto: “Es otro paso más en la dirección de siempre. Sacraliza el mito de que la solución pasa por el ejército, y que la militarización es la salida”. Su colega de oficio, la socióloga brasileña Julita Lemgruber, coincide en la ineficacia de la intervención.

 En un cuadro complejo como el de la política brasileña, con un gobierno nacional que además de ilegítimo es ineficaz, la situación de Río es especialmente grave.

Cabe destacar que los soldados del ejército son entrenados para combatir enemigos, no para investigar y efectuar prisiones. Eso, para no mencionar que en su abrumadora mayoría desconocen no solo la ciudad de Río, como los callejones y vericuetos de los cerros controlados por pandillas muy bien armadas y que poco o nada tienen que perder.

 

RAZONES OCULTAS

Algunos analistas, no obstante, consideran esta medida política como parte de una posible plataforma electoral del propio Temer para las elecciones del 7 de octubre. Así, firma el decreto en momentos en que el mandatario bate récords de impopularidad, tiene dificultades de hacer avanzar la reforma de jubilaciones (su principal proyecto) y se encuentra en la mira de posibles nuevas investigaciones por corrupción. Según la Constitución brasileña, mientras exista intervención federal en algún estado, no se podrán realizar enmiendas a la carta magna. Por ello, explicó que si el Congreso logra reunirse para aprobar la reforma jubilatoria, suspenderá la intervención federal mientras dure el trámite.

Desde la oposición, cuestionaron la decisión. “Sin votos para aprobar la reforma previsional, el gobierno cambia su agenda y acepta intervenir en Río de Janeiro. La situación de seguridad es grave pero hay que estar alertas sobre la represión que puede venir contra movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales”, dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.

 

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