30/07/2018 EL PAÍS
ABORTO LEGAL

Aguilar: “En 2017 alrededor de 1.700 mujeres estuvieron internadas por problemas de abortos mal realizados en la provincia”

A poco más de una semana de que el proyecto por el derecho a decidir sea tratado en el Senado, Eduardo Aguilar volvió a ratificar su posición y afirmó que impulsará cambios en el proyecto.

img "El proyecto aprobado por Diputados requiere cambios importantes que es imprescindible realizar", Aguilar. Gentileza

“El diálogo que desarrollé en estos meses con médicos y organizaciones del Chaco me ha hecho notar que el proyecto aprobado por Diputados requiere cambios importantes que es imprescindible realizar, y que voy a impulsar en un dictamen alternativo”, sostuvo a través de un escrito.

El senador expuso datos alarmantes sobre la realidad de las mujeres que deciden abortar por voluntad propia en la clandestinidad: “Las mujeres que recurre luego al hospital público para solucionar el problema de salud generado (por aborto clandestino), significó que en 2017 en los hospitales del Chaco estuvieron internadas casi 1.700 mujeres por problemas con abortos  mal realizados.  El costo para la salud pública de la actual clandestinidad es alto”.

Además, enfatizó que en la provincia de “casi 24 de cada 100 embarazos son de adolescentes de menos de 19 años, y más del 15% de los embarazos son de madres analfabetas o con estudios primarios incompletos”.

En ese sentido, el senador propuso cambios al proyecto aprobado en Diputados entre ellos: bajar el plazo admitido de 14 a 12 semanas; incorporar la objeción de conciencia institucional y asegurar que la Nación ayudará a las provincias a través de compras centralizadas de pastillas y costeando parte de los equipos profesionales que actuarán como acompañantes.

El texto completo:

“El 8 de agosto el Senado tratará el proyecto de legalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Como se vio en Diputados, en todos los partidos existen opiniones a favor y en contra. Lamentablemente el debate no se dio en 2013, cuando fui electo Senador, para plantear mi posición con claridad, como intento hacerlo en cada tema. Corresponde por lo tanto dejar claros mis fundamentos ahora.

Advierto que algunos se oponen al proyecto porque consideran que el mismo implica  promover conductas sexuales irresponsables,  o estar “en contra de la vida”, o  estar “a favor del aborto”. Personalmente no avalo nada de todo esto: creo el sexo debe ser responsable en términos de procreación, estoy a favor de la vida, y estoy en contra del aborto. Y esto se refleja en mi posición frente al Proyecto y en los cambios que propongo realizarle. Dejemos de lado el ruido de los extremos: lo importante es el debate constructivo entre personas moderadas y tolerantes. Así avanzan las sociedades.  Vamos a eso.

 

Por eso, para mí la esta ley se trata de algo totalmente diferente. Se trata de responder a una pregunta muy concreta: ¿cómo hacemos para evitar las abortos que hoy ocurren cada día, de manera oculta, por métodos cada vez más domiciliarios y menos hospitalarios, sin que el Estado se entere, y sin que nadie los denuncie ni los vaya a denunciar jamás? Analizando las tasas de fecundidad, el Ministerio de Salud estima que se ocurren cientos de miles de abortos cada año en la Argentina, muchos de ellos voluntarios y evitables. Los que estamos en contra del aborto ¿cómo hacemos para evitarlos? Esa es la pregunta desde la cual yo abordo este tema.

 

Está claro que lo primero para evitar abortos es evitar los embarazos indeseados: necesitamos fortalecer la educación sexual, proveer masivamente anticonceptivos, y promover desde las familias y el Estado valores asociados a la procreación responsable. Hoy las acciones son débiles y los presupuestos insuficientes, faltan intensidad y recursos.  En este punto todos estamos de acuerdo. No sigamos discutiéndolo: hay que hacerlo sin más demoras.  

 

Estas acciones enfrentan el desafío de un enorme problema cultural, porque hoy en el Chaco casi 24 de cada 100 embarazos son de adolescentes de menos de 19 años, y más del 15% de los embarazos son de madres analfabetas o con estudios primarios incompletos.

 

Por eso, es claro que aún siendo intensos en la educación, muchos embarazos indeseados seguirán produciéndose. Por analogía: la educación vial no evitará todos los accidentes de tránsito: está claro que hay que educar ¿pero qué hacemos cuando haya choques? Es decir, la pregunta es ¿cómo evitamos que se interrumpan los embarazos indeseados que seguirán produciéndose pese a la educación sexual que debe intensificarse?

 

Para hallar una respuesta, lo primero es entender cómo ocurren las cosas hoy, en la realidad cotidiana. Como he dedicado a estudiar con detalle el tema, analizando estadísticas, hablando con médicos y con personas que han pasado por esta experiencia, quiero comentarlo brevemente.

 

En los embarazos que se interrumpen antes de las 12 semanas (luego los abortos deben seguir prohibidos, salvo en casos ya admitidos por la ley), la realidad de los abortos cambió mucho en la última década: en general, la interrupción de estos embarazos ya no se produce por intervenciones quirúrgicas e internación, como años atrás. Los abortos se realizan ahora vía pastillas que se aplican en la casa y que se venden en las farmacias, es decir en forma domiciliaria y por medios farmacológicos.

 

Estas pastillas resultan efectivas sobre todo entre las semanas 7 y 11 del embarazo, es decir en el primer trimestre. En algunos casos suelen complementarse con intervención médica ambulatoria, sin necesidad de internación. No todos los casos previos a las 12 semanas son así, pero este es el caso general.  En las semanas indicadas las pastillas tienen una efectividad en torno al 80%. El uso de pastillas ha vuelto a la mayoría de los abortos más fácil de realizar y también imposibles controlar y penalizar.

 

La droga que se utiliza es Misoprostol, un comprimido para dolencias gástricas, contraindicado para embarazadas (y recomendado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos seguros). El Misoprostol se vende bajo receta a un costo que ronda los $3.300 los 16 comprimidos: en general se requieren a 4 pastillas para interrumpir un embarazo. También el Ministerio de Salud del Chaco compra de manera masiva esta droga, y los médicos de nuestros hospitales lo utilizan a diario para realizar abortos o interrupciones de embarazos no viables o ectópicos.

 

Por supuesto, los abortos “voluntarios” (comillas porque la voluntad de la mujer puede estar condicionada de muchas maneras), ocurren hoy de manera clandestina: la droga se compra con receta médica para un supuesto problema gástrico, o incluso sin receta adquiriendo pastillas sueltas, y la mujer lo utiliza por sí misma en su domicilio. Y si resulta necesaria, la intervención médica se realiza en forma clandestina, en condiciones que a veces implican riesgo para la salud, mayores cuanto más pobre es la mujer. En muchos casos que se complican, se recurre luego al hospital público para solucionar el problema de salud generado: por ejemplo, en 2017 en los hospitales del Chaco estuvieron internadas casi 1.700 mujeres por problemas con abortos  mal realizados.  El costo para la salud pública de la actual clandestinidad es alto.

 

Hoy las cosas ocurren de esta manera. Las mujeres no tienen ningún acompañamiento, y cuando deciden interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, en general lo realizan en sus casas, vía pastillas. Esta es la situación actual, no lo que va a suceder si se aprueba la ley: hoy no estamos evitando ningún aborto y no estamos salvando ninguna vida. Y por supuesto, jamás realizamos denuncias, porque si una mujer nos cuenta que ha tenido que abortar, ninguno de nosotros la denunciaría: todos sabemos que estas cosas ocurren y lejos de entenderlo como un delito, sentimos compasión porque lo que entendemos como un drama personal. Esta es la forma que tiene el problema que enfrentamos: entonces, nuevamente: ¿cómo evitamos que se interrumpan estos embarazos indeseados?

 

Personalmente no tengo duda de que para evitar los abortos la clave es acompañar a las mujeres en una situación que muchas veces resulta angustiosa o incluso dramática para ellas. Y en la que a menudo se encuentran solas, inseguras acerca del futuro, con temor a la reacción de sus padres cuando son adolescentes, con miedo a perder el trabajo o a poner en riesgo su carrera, e incluso presionadas por sus parejas para que interrumpan el embarazo.  

 

Y la verdad es que podemos brindar muchas opciones para evitar abortos: la opción de adopción si se agilizan las leyes actuales; la de acompañamiento económico, con apoyos que ya existen o pueden crearse; la de ayuda sicológica, para enfrentar la comunicación a su familia si ésta resulta problemática, el desarrollo de políticas de cuidado que son efectivas para que la mujer no abandone el mercado laboral.  Hay muchas opciones, y todas deben intentarse para evitar todos los abortos que puedan evitarse, que no serán todos, pero serán muchos más que los que se evitan hoy.

 

Esa es la clave: acompañar a las mujeres. Pero para acompañar, antes hay que dar un primer paso: el Estado debe enterarse de que la mujer quiere interrumpir el embarazo (es decir, que va a ir comprar unas pastillas a la farmacia, o por internet, y se las va a colocar en su casa). Y mientras el aborto siga siendo penalizado e ilegal ¿cómo podría el Estado enterarse? Y si el Estado no se entera ¿cómo poner en marcha políticas de acompañamiento?  Este es mi abordaje del tema.

 

Este es un punto central: a partir del proyecto toda mujer que quiera acceder a las pastillas para interrumpir el embarazo en un hospital público deberá solicitarlo con 5 días de anticipación. Ese será el momento de actuar a través de los profesionales y acompañantes previstos en la ley, que aconsejen y que brinden contención y opciones a las mujeres, con lo que seguramente se logrará que muchas reconsideren la decisión que en soledad y abandonadas a su suerte tomarían.  Esta tarea, que hoy algunas organizaciones no gubernamentales realizan en soledad y sin apoyo, ahora podrá tener un carácter mucho más integral.

 

Un caso a considerar en tal sentido es el de Rosario, una ciudad con una estructura similar a la nuestra. Respaldados por protocolos nacionales, desde 2015 los centros de salud de Rosario entregan de manera gratuita pastillas de Misoprotol a todas las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Dispuso también de equipos de profesionales consejeros que logran que muchas mujeres que pensaban abortar reconsideren hacerlo. En esa ciudad, los casos producidos en los hospitales cada año se mantienen en torno a los 500, lo que indica una tasa que cae dado el crecimiento poblacional. Y como ya no hay prácticas clandestinas, la mortalidad materna por causa de aborto ha caído a cero en la ciudad. Esto deja muchas lecciones prácticas para reflexionar.

 

Por eso, poniendo sobre la mesa lo que hoy ocurre de manera oculta, clandestina, podremos prepararnos para rescatar a muchas mujeres de esos momentos difíciles, mostrándoles que existe una alternativa de esperanza, opciones que deberían hacer de la interrupción del embarazo el último camino a considerar. En definitiva, para contarles, desde nuestra propia experiencia humana, que todos los padres y madres hemos sentido que hasta el más inesperado de los hijos se convierte luego en una bendición en nuestras vidas.

 

Siento que estas son las claves para abordar este tema: si educamos, vamos a lograr reducir los embarazos indeseados; si nos enteramos y acompañamos, vamos a logar reducir los abortos cuando el embarazo indeseado se produzca. Este es para mí el sentido de apoyar la despenalización y legalización: una respuesta práctica para un problema hoy incontrolable y cotidiano,  que suma más riesgo cuanto mayor es la pobreza. Un paso necesario para poner en marcha acciones que acompañen a la mujer cuando enfrenta una situación angustiosa, para evitar así más abortos evitables, y para salvar más vidas.

 

CAMBIOS

Más allá de lo anterior, el diálogo que desarrollé en estos meses con médicos y organizaciones del Chaco me ha hecho notar que el proyecto aprobado por Diputados requiere cambios importantes que es imprescindible realizar, y que voy a impulsar en un dictamen alternativo:

1. Hay que bajar el plazo admitido de 14 a 12 semanas, para descartar toda posibilidad de abortos por la existencia de síndromes o patologías (conductas eugenésicas)

2. Hay que explicitar que en los casos de violación y riesgo de salud materna, luego de la semana 24 no hay aborto, sino que el derecho a interrumpir el embarazo (hoy ya reconocido) se realiza vía parto, buscando preservar la vida de la persona por nacer, y agilizando luego los trámites de adopción.

3. Hay que eliminar la posibilidad de sanción a médicos por una tipicidad tan confusa como “dilatar”, porque esto expone a los profesionales a un riesgo penal innecesario y difuso.

4. Hay que incorporar la objeción de conciencia institucional, para sanatorios o clínicas privadas que no quieran realizar la práctica por razones ideológicas o morales

5. Hay que eliminar el plazo máximo de 5 días para realizar la práctica si el requerimiento ocurre antes de la semana 6, cuando el misoprostol aún no resulta efectivo, y

6. Hay que asegurar que la Nación ayudará a las provincias a través de compras centralizadas de pastillas y costeando parte de los equipos profesionales que actuarán como acompañantes. 

Esta es mi posición, luego de haber estudiado los detalles del problema, de haber escuchado la opinión de expertos legales y médicos, del Chaco y del país, la experiencia de mujeres que han realizado abortos, y luego de haber evaluado todo esto a la luz de mis convicciones más arraigadas, buscando, como en cada caso, hacer lo correcto sin especular sobre si eso genera más o menos votos a futuro. Para mí se trata de evitar abortos, de acompañar a las mujeres, se trata de salvar vidas y se trata respetar derechos. Se trata de decidir lo que profundamente considero lo mejor para nuestra sociedad”.

 

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