La Mesa Nacional sindical de trabajadores de Prensa de la Argentina (MNTP), las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores Gráficos de imprenta y diarios (FGB y FATIDA), de Vendedores de diarios (SIVENDIA), y la federación nacional que asocia a diarios y comunicadores cooperativos (FADICCRA), expresaron su rechazo a la media sanción ocurrida el jueves en la Cámara de Diputados de Nación, de un proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, en las sesiones extraordinarias del Congreso, para derogar el corazón de la Ley 26.736 que regula y declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
El proyecto presentado por el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista) –que ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación, tiene la única finalidad de liberar el precio del insumo esencial para los medios gráficos del país y beneficiar al monopolio que Clarín y La Nación tienen como propietarios mayoritarios de Papel Prensa SA. “Si se concreta su aprobación en la Cámara Alta se dará otro golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad, ya que desaparecerán y/o se achicarán más medios, incrementando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de los últimos tres años”, advirtieron.
El referido proyecto llegó a Diputados acompañado por las firmas de Nicolás Massot y Luciano Laspina (PRO), Mario Negri, Miguel Bazze, Luis Borsani (UCR), Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (Unidos por una Nueva Argentina), Pablo Kosiner (PJ), Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente de Concordia Misionero) fue girado con sigilo sólo a la Comisión de Comercio de la Cámara, que le dio un rápido dictamen favorable aunque no llegó al recinto en el período ordinario. El presidente Mauricio Macri consideró no obstante que desregular el precio del papel para diarios es un tema tan prioritario que mereció ser incluido en el listado de Extraordinarias.
“El proyecto violenta la propia Constitución Nacional y los pactos internacionales incorporados a ella cuando pretende en una sola línea que se deroguen 8 artículos de la Ley 26.736 del 28 de diciembre de 2011, justamente los más importantes que aseguran aspectos de la regulación.
Por esos artículos se garantiza el precio único de pago al contado por la venta de papel, un aspecto fundamental que tiende a igualar las posibilidades de compra del insumo básico por parte de las distintas empresas, sin que haya beneficios por montos relacionados con la facturación de cada una”, sostuvieron los distintos sectores unidos en la resistencia.
La ley nacional también dispone que los fabricantes, comercializadores y distribuidores del papel prensa hagan público su stock de manera diaria y su capacidad de producción de forma trimestral para aportar a la transparencia y a la pluralidad de voces, y que debe existir una Comisión Bicameral de control parlamentario, que nunca se conformó.
Esto último explica, al menos en parte, “una desregulación de facto que ahora se procura legalizar”. El precio del papel para diarios registró fuertes aumentos en el último año, alcanzado el 112 por ciento en pesos. Calculado en dólares, en julio, setiembre y noviembre -totalizaron un aumento de 28 por ciento.
Ante este escenario, las organizaciones expresaron el total rechazo a la consideración del proyecto y advirtieron a los legisladores “sobre la responsabilidad que les cabe sobre los efectos negativos que denunciamos en materia laboral para los trabajadores que intervienen en todo el proceso productivo que va, desde la búsqueda de información hasta que la publicación está en la calle y es distribuida al público”.
En el mismo orden condenaron “la mendacidad y la malicia contenida en los fundamentos del proyecto de ley –referidos a la supuesta protección de puestos de trabajo de la fábrica de papel ubicada en San Pedro-, cuando no se habla de los más de 4.000 empleos perdidos sólo en el gremio de prensa”.
Por todo lo expresado insistirán en reclamar una discusión a fondo de este tema, ahora en el Senado, “para evitar la cada vez mayor concentración a manos de grupos empresarios que dieron muestra en años pasados del ejercicio discrecional de su poder, provocando destrucción de puestos de trabajo, y acotando la libertad de expresión en la Argentina”.
