La Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, fue aprobada en noviembre de 2007. La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) y el Instituto “Gino Germani” de la UBA organizaron una jornada y reflexionaron sobre el déficit en cuanto a su aplicación. “Los años 90 estuvieron marcados por un avance sin control de desmontes para siembra de soja y cría de animales en forma intensiva. Este verdadero “ecocidio”, dejaba a las poblaciones sin la protección ambiental de los montes como reguladores del clima y amortiguadores de inundaciones y sequías”, explicó Hernan Giardini, de Greenpeace, integrante del primer panel encargado de abordar la génesis de la Ley. Giardini, resaltó que “Esta situación conflictiva en los territorios motivó el reclamo de poblaciones indígenas y campesinas, que defendían su derecho a la Tierra, el Agua y el Monte. Organizaciones sociales de todo el país apoyaron esas denuncias y propusieron la sanción urgente de una Ley que ponga freno a los desmontes”.
Miguel Bonasso, autor de la Ley, presente a través de un video, resaltó “El trabajo enorme que hubo que realizar para enfrentar la presión de los intereses de empresarios madereros y sojeros, apoyados por gobernadores del norte que no querían que se apruebe la ley”. “La movilización permanente de muchas organizaciones y de diferentes sectores de la sociedad hizo posible que la ley se haga realidad”, señaló.
El panel se completó con los aportes de Carlos Merenson, ex Secretario de Ambiente de la Nación y Diego Domínguez, del Instituto Gino Germani.
La Ley 26.331 instruye a las provincias para que, a través de un "proceso participativo", se elaboren "ordenamientos territoriales" acordes a las características ambientales, sociales y productivas de cada provincia. Asimismo, prevé la conformación de un “Fondo de conservación del monte nativo”, del 0,3% del presupuesto nacional.
LUCES Y SOMBRAS
El segundo panel, expuso los logros y dificultades en la implementación de la ley. El mismo estuvo integrado por María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Silvia Révora, ex Subsecretaria de Política Ambiental de la Nación, Matías Mastrángelo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Celeste Rumie, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque de Córdoba.
Entre las falencias principales destacaron “la reducción de fondos asignados anualmente, que en promedio no llegan al 10% de lo previsto por la ley”. Como ejemplo, se citó que en 2017, “en lugar de 7 mil millones, se asignaron 500 millones de pesos”.
Advirtieron que “las diferencias de interpretación de la ley en algunas provincias permitieron “desmontes encubiertos” provocando la degradación de los recursos naturales.
Asimismo, señalaron “dificultades en los procesos de participación de las comunidades indígenas y campesinas, que son las que viven y más protegen el monte”.
En referencia a la ineficacia de las multas para detener la tala indiscriminada, se propuso “reclamar al congreso una ley que considere como delito penal a los desmontes ilegales y al otorgamiento de permisos de desmontes en zonas protegidas”.
A pesar de las dificultades en la implementación, los panelistas rescataron a la ley como un “ejemplo de Política Pública en materia de protección ambiental en nuestro país”, porque plantea la participación ciudadana, asigna recursos y prevé mecanismos de revisión de los ordenamientos territoriales. Pero sobre todo porque “Si bien la tasa de deforestación en la región chaqueña sigue siendo elevada, la implementación de la Ley logró reducir la deforestación en un porcentaje cercano al 40%”.
El Ing. Luis Chauchard, Director de Bosques del Ministerio de Ambiente de la Nación, señaló como logro principal de la Ley “la movilidad social que instaló el tema bosques en cada junta vecinal, en cada provincia y a nivel país”. Y como desafío “Apoyar firmemente el mantenimiento de la ley y trabajar junto a las provincias para mejorar su implementación en los territorios”.
DESAFÍOS
El panel final, planteó las enseñanzas que la Ley de bosques puede ofrecer a la implementación de otras leyes de Presupuestos Mínimos. Aportaron sus presentaciones José Paruelo, del CONICET, María Gabriela Merlinsky, del Instituto Gino Germani y Leandro García Silva, especialista en Derecho Ambiental y ex responsable del área de Ambiente en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En el final de la jornada, Miguel Brassiolo, Presidente de la REDAF, evaluó la jornada como “Un encuentro positivo, que ayuda a renovar el trabajo junto a las comunidades campesinas, en la búsqueda de alternativas de producción sustentables”. Como propuesta, Brassiolo destacó que “desde nuestra organización seguiremos aportando las investigaciones necesarias para participar con propuestas en las próximas audiencias públicas que deben realizarse en las provincias para actualizar las zonas a ser protegidas”.
