Después de que diferentes organizaciones, legisladores y funcionarios, se manifestaran ayer en la sede del Centro de Asistencia a Víctimas de Violencias (CAVV), su equipo sigue en alerta permanente ante la “decisión inconsulta” de trasladarlo a una nueva sede.
“Ratificamos nuestro rechazo al traslado en un momento tan sensible de la sociedad, en una provincia con altos índices de femicidios, con desapariciones de mujeres que no se toman en serio, con incrementos de abusos sexuales y que pide celeridad a la Justicia”, aseguró Delia Pérez, titular de la Dirección Provincial de Defensa de la Democracia, en contacto con elDIARIO de la Región.
Apuntó directamente a la responsabilidad de la ministra de Salud, Mariel Crespo, quien ayer en declaraciones periodísticas corroboró la decisión del traslado de la sede “a sólo diez cuadras (en San Lorenzo 442)” y aseguró que la medida fue ratificada por el gobernador, Domingo Peppo. “La ministra corre el conflicto de su área y lo pone en el gobernador pero no deja de ser una decisión inconsulta, ya que por lo menos debió mediar un espacio de diálogo y debate antes de tomar semejante decisión que involucra a las víctimas de violencia, desatendiendo los propios espacios que se crearon en el Ejecutivo para el tema, como el gabinete interministerial de género”, cargó.
Pérez reiteró el rechazo del equipo a “la imprevista medida de la máxima autoridad de Salud (Crespo) por considerar que afecta derechos humanos de las víctimas de la violencia de género. El traslado del lugar del servicio interdisciplinario irroga un incremento de riesgo a las personas que necesitan de la contención y el amparo inmediato del Estado en una ruta distinta, coloca mayor distancia entre las oficinas del sistema de protección y de asistencia integral, en las que se incluya el tratamiento terapéutico que acá se otorga”, sostuvo y señaló que a la falta de políticas de género se suman los reclamos por los trabajadores precarizados y presupuesto para que el equipo interdisciplinario pueda realizar su labor, fundamental para el proceso de sanación de las sobrevivientes”.
Cabe recordar que el CAVV funciona en López y Planes 157 de Resistencia desde 2004, con un equipo interdisciplinario de profesionales que atiende a las mujeres, niños y niñas en situación de violencia y que fue creado a partir de la ley vigente sobre violencia familiar. Trabajan allí psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, abogadas y operadores que las guían y contienen en un proceso que, desde el Estado, busca contener la demanda a este problema.
“ALERTA Y ZOZOBRA”
Pérez hizo hincapié en la falta de sensibilidad de la ministra: “No escucha y miente porque dice que habló con nosotros y eso nunca sucedió”.
“Si bien es cierto la cartera de Salud es la que abona el alquiler y tiene afectado al personal de Salud Mental, no es menos cierto que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad sostiene los gastos operativos del funcionamiento de este servicio, como también aporta recursos humanos al igual que el Ministerio de Desarrollo Social y desde hace un año también el Superior Tribunal de Justicia. No puede admitirse decisiones como la trasladar este servicio (ahora se trataría de eso) porque debió haber mediado consultas previas, avisos a los corresponsables propiciar un diálogo y escucha activa. Nada de eso se hizo. Me preocupa pensar que además, haya intención de desmembrar este dispositivo porque lleva mucho tiempo construir colectivamente el abordaje interdisciplinar”, explicó la titular del equipo.
Pérez reconoció que “existe zozobra entre los trabajadores” pero también marcó la necesidad de que “el centro siga trabajando porque hay turnos de urgencia”. Finalmente, adelantó que seguirán agotando las vías de reclamo para que “se resuelva conflicto con una mirada distinta con la que se está manejando ahora”.
APOYO DE LAS ORGANIZACIONES
De la jornada de ayer, en la sede del centro, resultó un comunicado en común entre organizaciones políticas, sociales, sindicales, funcionarios, diputados, entre otros: “12 años de trabajo han forjado un equipo sólido de profesionales que contiene y asiste a personas vulneradas, así como además, supieron construir un lazo de confianza con la comunidad. Hay pocos espacios para las sobrevivientes, hay pocos programas que contemplen sus necesidades. En un contexto sociohistórico de muertes y desapariciones no comprendemos este nuevo golpe contra las víctimas. Al repudio del desalojo sumamos el pedido de presupuesto para que el equipo interdisciplinario pueda realizar su labor, fundamental para el proceso de sanación de las sobrevivientes”.
En el documento también se solidarizaron y pidieron “por el personal de Salud Mental de La Eduvigis que fueron violentados, trasladados y sumariados por el Ministerio de Salud por denunciar faltas y situaciones inaceptables en ese servicio. Y denunciar la reducción de caja chica de Centro Integral de Salud Mental y Adicciones (CISMA) Barranqueras, que deja sin alimentos a los usuarios de ese servicio de Salud Mental”.
