07/01/2018 DERECHOS HUMANOS

2018 y las expectativas en materia de juicio y castigo

Luego del receso de verano, el año judicial comenzará bien temprano con la instancia definitoria de la causa Caballero II, con los alegatos de las partes desde el 15 de febrero. Asimismo, todo indica que este año iniciarán la etapa de juicio oral, los procesos por la persecución a militantes de Ligas Agrarias y la participación de funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado.

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Al tranco de las marchas y contramarchas en lo que refiere al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, 2018 continuará desde sus mismos inicios el desarrollo judicial de varios procesos en la materia. 2017 terminó con 1.038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. Además, se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 % de ellas fueron apeladas.

En nuestra provincia, el proceso que pica en punta es Caballero II, “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado”, por desapariciones, torturas y violación a militantes políticos en la ex Brigada de Investigaciones, que reanudará debates el 15 de febrero, con la presentación del alegato de la abogada Silvina Canteros (presidenta del Comité contra la Tortura) en representación de la Secretaría de Derechos Humanos junto con Manuel Brest, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El 22, lo hará el fiscal Diego Vigay.

Asimismo, es inminente el inicio de un tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada, con imputados civiles: el exfiscal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Casco, luego del fallecimiento del ex juez federal Luis Ángel Córdoba, a los 79 años, en Buenos Aires en 2017. El otro proceso, por represión del terrorismo de Estado a integrantes de Ligas Agrarias, investiga torturas y homicidios a integrantes de la organización que nucleó a pequeños productores rurales del interior.

Figuran como imputados el exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, y los expolicías Miguel González, Carlos Chávez, Alcides Safenraiter, José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky. Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado de los referentes Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli.

 

CUADRO DE SITUACIÓN

Cabe acotar que se trata de procesos que han tenido que avanzar en un marco distinto al de los anteriores luego del triunfo de Mauricio Macri como presidente. Sectores minoritarios han manifestado críticas al proceso de memoria, verdad y justicia, en un intento de reflotar la perimida teoría de “los dos demonios”. Un buen ejemplo de ello fue el fallido 2x1 de la Corte Suprema de Justicia, que no logró imponerse luego del masivo repudio en todo el país.

En ese sentido, no deja de ser alarmante el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según el cual más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. También, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

En Chaco, en 70% de los detenidos por delitos de lesa humanidad están alojados en cárceles y solo el 30% accedió al beneficio del arresto domiciliario. De los 28 detenidos por delitos de lesa humanidad en Chaco, quienes están cumpliendo condena o con prisión preventiva en juicio o esperándolo; el 70% está alojado actualmente en la Prisión Regional del Norte U7 y la Unidad 34 de Campo de Mayo.

 

MANADER

Otra cuestión para nada menor tiene que ver con la situación del imputado Gabino Manader en este juicio y condenado en el anterior proceso a 25 años de prisión, quien es señalado como uno de los jefes de la represión del terrorismo de Estado. A Manader se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, tal y como lo dispuso el juez de instrucción Juan Manuel Iglesias, que la concedió en virtud de un supuesto cuadro de “hipertensión arterial, hipertrofia prostática y trastornos cognitivos”, según una informe del Servicio Médico policial de la U7. Desde los organismos de derechos humanos, cuestionaron tal privilegio.

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